
El PAH nunca se ha definido políticamente. Emprendieron su camino cuando los socialistas gobernaban en España y el cambio que se produjo a raíz de las elecciones de 2011 no ha provocado ninguna modificación en sus criterios. Pelean por nuestro derecho a una vivienda; algo que es ajeno a las doctrinas partidistas. Su enemigo es el sistema bancario y las leyes que le otorgan patente de corso a la hora de despojarnos de nuestro techo aunque la causa del impago tenga sus orígenes en la nefasta gestión de los propios bancos.

La PAH denuncia esta vileza y propone soluciones para las que toma como referencia la metodología de otros países europeos. No pide caridad ni medidas excepcionales. Solo apela al derecho y la razón.
Más de 1.500.000 personas dan soporte a esas peticiones de la plataforma, triplicando el número de firmas necesarias para llevarlas al Congreso.
El Parlamento intenta hacer caso omiso a esa propuesta y solo la presión social consigue que, a última hora, el partido del gobierno de marcha atrás y acepte debatir los cambios. Pero solo es un gesto. Desde el mismo momento en que admite el debate afirma que va a votar en contra de la totalidad de la propuesta.
¿Cómo romper esa disciplina de voto? Pocas posibilidades, muy pocas. Pero siempre cabe el esfuerzo de seguir movilizándose incorporando el mensaje personalizado a los miembros del Congreso y otras figuras políticas que se desenvuelven en la élite del poder.
Aparece Cristina Cifuentes, con su mentalidad de general de los ejércitos antidisturbios, y demoniza a la plataforma tachándola de terrorista. En cualquier otro estado democrático sus declaraciones serían motivo para que fuera cesada de inmediato. Pero sucede todo lo contrario. Destacados miembros del gobierno y los correveidiles de turno apoyan esas declaraciones e incluso de atreven a vociferarlas en debates televisivos. Ada Colau y la PAH son un movimiento de carácter terrorista. Son antisistema. Son criminales.
En sus torres de veinte pisos de marfil la banca se frota las manos. Ni Bruselas, ni el gobierno de España, ni mucho menos esa banda terrorista antisistema, van a conseguir que pierdan sus prerrogativas a la hora de ejecutar deshaucios.
La persecución acaba de empezar. Lo acontecido en los últimos días ha sido solo el introito de una ceremonia metódicamente programada para desacreditar a la PAH y, muy especialmente, a sus cabezas visibles. La buena gente en España no interesa. Son criminales, son terroristas, son la temida izquierda antisistema que amenaza el cortijo del poder y hay que acabar con ellos al precio que sea. Si ese precio pasa por compararles con ETA, se paga y que lo paguen.
Es imprescindible que esta vez no nos quedemos en casa como receptores visuales de una información que nos facilitan los medios. Ni es totalmente correcta ni ayuda a que lo sea. Si el Parlamento no aprueba las medidas propuestas por ese 1.500.000 firmas seguiremos hablando de suicidios, de gente en la calle, de desalojos violentos, de persecuciones y de acosos. Hemos salvado a los bancos donando sangre pero no les basta, la quieren toda, hasta la última gota.
Que nadie dude a la hora de dar soporte a Ada Colau y la PAH. Ahora o nunca.
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